Nicaragua bajo fuego: la crisis
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Viernes, 14 de diciembre de 2018

Nicaragua bajo fuego: la crisis

  Represión, muerte, saqueos y descontento social se vive en Nicaragua

Publicado en: Ciudad de México, el por

Para nosotros, la mayoría de los latinoamericanos, nos pesa en lo profundo de nuestros corazones, las adversidades, atropellos e injusticias por los que atraviesa una sociedad de América Latina, sin importar los colores de su bandera. En el caso de Nicaragua, vive días aciagos desde el comienzo del conflicto entre sociedad y gobierno.

Conflicto en puerta

Gobierno y sociedad entran en conflicto cuando las funcionarios gubernamentales anuncian un paquete de recortes al sistema de seguridad social (pensiones). Los actores sociales, sector privado y jubilados, reaccionaron en consecuencia y salieron a las calles el día 18 de abril de 2018, transformando el paisaje urbano en escenarios de protestas por la medida, considerada unilateral e injusta. Entonces reinaron en las arterias de la ciudad manifestaciones espontáneas, las reformas propuestas, significaban una fuerte afectación al poder adquisitivo de la sociedad nicaragüense.

Estudiantes universitarios fueron los primeros en expresarse contra las reformas dadas a conocer. Pronto se sumarían distintos actores sociales a las voces de protesta, y con el correr de los días se organizaron y manifestaron el descontento ante el gobierno de Daniel Ortega. No existía, en ese entonces, un líder natural o partido político opositor adjudicándose tales acciones; sin embargo, las máximas autoridades de Nicaragua endilgaron los disturbios a pequeños grupos desestabilizadores de la paz social y del gobierno.

Cámara de comercio y empresarios (sector privado), también se manifestaron en contra de los anuncios, considerándolas contraproducentes a los intereses económicos y generación de puestos de trabajo. Los jubilados recibían una pensión baja y dicha remuneración se tornaría magra e insostenible para la subsistencia diaria.

Nicaragua en crisis

Transcurrido los días, el 23 de abril de 2018, Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua, retira el paquete de reformas al sistema de seguridad social, luego de la muerte de varios manifestantes, consecuencia de confrontaciones entre policías y grupos sandinistas contra el pueblo. Entre los primeros decesos hubo periodistas, ellos cubrían los choques violentos, a su vez, el ejército se desplegó en varias ciudades con intención de contener saqueos y vandalismo. El decreto tenía por objetivo recaudar 250 mdd disminuyendo los haberes jubilatorios en un 5% y aumentando la carga impositiva a las empresas y trabajadores con la supuesta idea de salvar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

OEA y la opinión pública internacional presionaron a las autoridades gubernamentales la salida urgente de Roberto Rivas Reyes, presidente del Consejo Supremo Electoral

Daniel Ortega, en su intento por mantener el poder político tras un poco más de once años de gobierno, procuró un pacto solo con el sector empresario del país llamándolos al diálogo, y por fortuna supieron interpretar la maniobra encubierta, y rechazaron tal ofrecimiento. Cuando sobreviene una crisis social la siguiente instancia es el caos social. La ruptura entre gobierno y sociedad era evidente, y no por un hecho generacional, el diálogo, los puentes comunicacionales no saben de fronteras ni de edades, el desgaste y el descontento entre las partes fue creciendo por injusticias y actos de corrupción; el pueblo tomaba conocimiento y hartazgo, y sobre aquellos corruptos que mantenía Daniel Ortega, en su gobierno, no sobrevenía justicia sino impunidad.

La negativa al diálogo del gobierno contra los actores sociales: empresarios, iglesia y sociedad (así lo mandan los principios democráticos), acentuó el conflicto y las protestas influyeron en el desabastecimiento del país, y por consiguiente afectaron a la economía. Heridos, muertos, disturbios, saqueos, vandalismo y represión proliferaron por todo el territorio nacional. Entonces, sobrevino el sentido común y el pueblo dejó de creer en su Presidente y Vicepresidente, es decir, el pueblo retiraba la legitimación de gobierno a Daniel Ortega y Rosario Murillo; el pueblo, harto de la corrupción e impunidad exigía el alejamiento de ambos; el pueblo quería justicia.

OEA (Organización de Estados Americanos), y la opinión pública internacional presionaron a los funcionarios gubernamentales la salida urgente de Roberto Rivas Reyes, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua. Recordemos, el 20 de diciembre de 2017, Rivas fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos por delitos de corrupción y violaciones a los Derechos Humanos según la Ley Global Magnitsky (léase primera entrega del artículo). En su intento por descomprimir la situación caótica del país, las autoridades informaron sobre la renuncia de Roberto Rivas a la presidencia del Consejo Supremo Electoral, a la vez recalcaban su interés en fortalecer los organismos gubernamentales de Nicaragua, y acatar, según la ley, la decisión de la Asamblea Nacional.

Nicaragua y OEA, además, trabajaron en conjunto en la reforma del sistema electoral y emitieron un comunicado conjunto "[hemos trabajado en aspectos relacionados con la] configuración y composición del Consejo Supremo Electoral (CSE) como soporte institucional fundamental para las garantías electorales y para elecciones libres, justas, democráticas y transparentes". Asimismo, también intervino en el conflicto el sector clerical, ofreciendo una mesa de diálogo en una Conferencia Episcopal con intenciones de arrimar posturas entre gobierno, oposición y coalición universitaria. El líder universitario, Víctor Cuadras rompió el inicio de la reunión dirigiéndose a Daniel Ortega, sobre la finalidad de la misma, la cual era establecer los términos de su retiro al cargo, mientras el cardenal Leopoldo Brenes, organizador de la Conferencia Episcopal, solicitaba a los presentes mesura y cese a la violencia. La exigencia principal hacia Ortega y Murillo, por estudiantes, campesinos y sociedad civil fue el alto inmediato de los ataques perpetrados por la policía y grupos paramilitares contra los manifestantes.

Apreciación final

A largo plazo, la corrupción es el resultado cuando los individuos de un gobierno procuran modificar los sistemas normativos de su país en pos de aferrarse, a la presidencia, como un forúnculo purulento inflamando los principios universales de la democracia. La avaricia desconoce de colores partidarios e ideologías políticas y los actos de peculado, violaciones a los Derechos Humanos, censura a la libertad de expresión e información, represión son solo algunas de las manifestaciones del virus del autoritarismo, microorganismo que lucha con tenacidad agarrándose al sillón presidencial de una nación cualquiera. Las equivocaciones de una generación pasada se transformarán en el triunfo de las generaciones nuevas, máxime si aquellas se estancaron en el poder a fuerza de muerte y terror en la sociedad, y frente a un nuevo desafío son incapaces de ser resolutivas.

 

 

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