Clínicas en California pagarán $10 millones por fraude a Medicare y Medi-Cal

Clínicas y laboratorios en California pagarán $10 millones por reclamaciones falsas a Medicare y Medi-Cal

Un grupo de clínicas y laboratorios del sur de California acordó pagar $10 millones para resolver acusaciones de reclamaciones falsas a los programas Medicare y Medi-Cal. Entre los acusados se encuentran el Dr. Mohammad Rasekhi, Sheila Busheri, Southern California Medical Center (SCMC) y Universal Diagnostic Laboratories (UDL), según informó el Departamento de Justicia.

Las autoridades alegaron que los acusados incurrieron en violaciones a la Ley Anti-Sobornos (AKS) y la Ley Stark mediante esquemas que incluían pagos a intermediarios, sobornos a clínicas y auto-referencias de pacientes entre SCMC y UDL. Estas prácticas estaban diseñadas para generar beneficios económicos indebidos, ignorando las necesidades médicas de los pacientes, señalaron los fiscales.

El acuerdo incluye el pago de aproximadamente $4 millones al estado de California, que cofinancia el programa Medi-Cal. El Fiscal General Adjunto Principal, Brian M. Boynton, destacó que los sobornos y auto-referencias perjudican "el criterio de los proveedores de atención médica y disminuir la confiabilidad de la atención que brindan". Martin Estrada, fiscal federal, añadió: "Esta importante resolución demuestra nuestro firme compromiso de garantizar la integridad de los programas de atención sanitaria financiados por el gobierno federal".

Además, el caso involucró reclamaciones presentadas bajo la Ley de Reclamaciones Falsas por exempleados y gerentes de SCMC y UDL mediante disposiciones qui tam. Estos denunciantes recibirán una parte de los $5 millones adicionales acordados por los acusados en un acuerdo separado.

De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG), estos acuerdos envían un mensaje claro contra el abuso de programas financiados por los contribuyentes. Además, Bryan D. Denny, del Departamento de Defensa, subrayó que estas actividades no solo afectan las finanzas públicas, sino también la calidad de la atención médica recibida por los pacientes.

JusticiaEstados UnidosSalud