Periodismo en las Américas: violencia, censura y derechos
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Domingo, 16 de diciembre de 2018

Periodismo en las Américas: violencia, censura y derechos

  En octubre de 2018 se realizó la LXXIV Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa

Publicado en: Ciudad de México, el por

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizó su LXXIV Asamblea General en la ciudad argentina de Salta del 19 al 22 de octubre de 2018, donde se abordaron temas relacionados con el ejercicio del periodismo, libertad de prensa y el impacto de las nuevas herramientas digitales. La violencia y la censura en contra de los periodistas fue uno de los temas destacados en las conclusiones del evento: de enero a octubre de 2018, 30 periodistas fueron asesinados en las Américas; por otro lado, se hizo énfasis en la polarización política y sus consecuencias para la prensa, además de una serie de iniciativas legales cuya aprobación implicaría aún más dificultades para la libertad de prensa y el pretendido "derecho al olvido".

Hostigamientos, amenazas, agresiones y asesinatos son parte de los peligros a los cuales se enfrentan los periodistas de las Américas. Asimismo, deben enfrentar campañas de difamación, cuyo número ha ido en aumento en países como Argentina, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Honduras y Perú; la situación se agrava cuando, como es el caso de Estados Unidos, es el propio presidente quien insulta o ataca a los periodistas. Esto repercute en el ejercicio del derecho a la libre expresión e impide el libre ejercicio periodístico.

En México fueron asesinados 8 de los 30 periodistas mencionados, 7 en Estados Unidos, 2 en Brasil, 2 en Colombia y 1 en Nicaragua.

Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Argentina, en Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba y Perú son las naciones donde las agresiones físicas como ataques violentos, intentos de rapto o robos han sustituido a las amenazas. La SIP denuncia que los cuerpos policíacos no siempre actúan con la debida rapidez ni los periodistas son protegidos por las autoridades, cuya omisión puede incluso traducirse en actitud permisiva para los agresores. En cuanto a las investigaciones, declaró la SIP, son ineficaces o inexistentes; la impunidad en muchas ocasiones lleva hasta la prescripción de los crímenes.

La polarización política va en aumento y en muchos Estados genera condiciones adversas para el ejercicio del periodismo: se presentan diversas estrategias orientadas a obstaculizar el trabajo de los periodistas, entre las que destaca el impedir acceso a la información pública. Legislaciones han sido aprobadas para garantizar este derecho en algunos países, sin embargo en ocasiones no permiten que el conseguir dicha información sea un trabajo expedito. Haití, Honduras y Puerto Rico son tres de los Estados donde aún no se han aprobado leyes correspondientes a la defensa de este derecho. En Bolivia, Chile, Guatemala y Honduras continúan siendo arbitrarias o confusas ciertas prácticas de distribución de publicidad oficial.

Iniciativas legales, entre ellas la denominada "Ley Mordaza" de México, podrían dificultar aún más las tareas llevadas a cabo por los periodistas de las Américas, pues atentan contra la libertad de expresión y tienen la finalidad aplicar censuras arbitrarias. Colegiarse podría ser obligatorio en República Dominicana y Colombia; Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y República Dominicana se encuentran en trámite proyectos de leyes con el objetivo de crear diversos tipos de limitaciones para los periodistas en el desempeño de su profesión, según se declaró en las conclusiones de la LXXIV Asamblea General de la SIP.

Venezuela, Cuba y Nicaragua supone ecosistemas desastrosos para la prensa independiente: escasez de insumos y recursos humanos calificados, hostilidad gubernamental, nulo acceso a fuentes de información y violencia contra los reporteros tornan imposible el desarrollo de sus actividades periodísticas. No obstante, existen propietarios, editores y periodistas del medio independiente que enfrentan tales obstáculos a fin de ejercer su labor e informar a sus conciudadanos.

Adicionalmente a los obstáculos relacionados con el ejercicio del periodismo a nivel internacional, se suman otros dilemas en debate, entre ellos, el pretendido derecho al olvido. Denominado derecho a la supresión de manera oficial, fue aprobado en mayo de 2014 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y establece que las personas tienen el derecho, en ciertas circunstancias, a solicitar que los motores de búsqueda omitan determinados contenidos relacionados a sus datos personales. En las Américas, aunque sin éxito, ha sido invocado en Chile, en Puerto Rico y Argentina; no existe un consenso al respecto en la región, mas países como Chile ya trabajan regulaciones en torno a tal derecho.

Empero, en las Américas también se cuenta con avances en materia de libertad de prensa, tal es el caso de la iniciativa del Gobierno de Ecuador que, luego de eliminar la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, busca reformar la ley orgánica de comunicación del gabinete anterior; la propuesta es tornar más razonables las regulaciones relativas a la comunicación social. El Estado colombiano ha sido declarado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsable del homicidio del periodista Nelson Carvajal, a causa de haber dilatado el caso, ocurrido dos décadas antes, y porque no se investigaron las amenazas a los familiares del periodista; en 2002, la SIP había presentado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por último, en adición al panorama de violencia, censura y derechos del periodismo en las Américas, en sus conclusiones la SIP dio a conocer la aprobación de la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital, documento donde se tratan temas diversos temas, entre los que destaca la supresión de información (pretendido derecho al olvido). La SIP argumenta que tal iniciativa va en contra de los derechos ciudadanos a informarse y preservar la memoria colectiva. El documento supone la declaración de una postura clara y única al respecto, tiene el propósito de proporcionar lineamientos útiles para el debate acerca de la libertad de expresión en el ecosistema digital del incipiente siglo XXI.

 

 

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