Cómo el gobierno estadounidense recolecta información de ciudadanos sin violar la ley

La compra de datos a terceros se castiga dependiendo del 'cómo se utiliza'

El gobierno de Estados Unidos admitió haber comprado datos relacionados con la locación de teléfonos personales a intermediarios, sin temer violar la ley. La Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA, en inglés), a través de un comunicado, indicó recolectar información es legal siempre y cuando no se mire a esta. Ese argumento es una muestra de cómo el gobierno estadounidense ha estado comprando información a terceros sin caer en un delito.

Recientemente se reveló, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha usado datos disponibles en el mercado sobre registros de locación de teléfonos móviles. Ello, con la intención de usar dicha información en los operativos realizados para labores de migración y fronteras.

Uno de los distribuidores sobre locaciones es la compañía Venntel, la cual paga a aplicaciones móviles para recolectar información y después venderla. Una vez con la información, estas empresas pueden venderla a cualquiera dispuesto a comprarla, como agencias del gobierno. Sin embargo, existe una ley llamada la Cuarta Enmienda, la cual prohíbe al gobierno estadounidense rastrear la ubicación de los ciudadanos. Esto sólo defiende al ciudadano en caso no haber una razón para dicha búsqueda solicitada previamente por algún departamento de seguridad.

Durante un caso de rastreo de la ubicación en 2018, llamado Carpenter V, se entendió como ilegal obtener sin petición información de ubicación del sitio celular (CSLI, en inglés). El caso se dio porque el FBI, en 2011, citó sus registros de ubicación de torres de celdas, colocadas cerca de las escenas de los crímenes vinculados a Timothy Carpenter. Entonces, el gobierno argumentó, ello no necesitó una solicitud de acceso a los datos debido a la doctrina de terceros. Dicha ley decía, se renuncia a cualquier expectativa de privacidad al compartir información con un tercero.

Luego del caso Carptenter V la cuarta enmienda se modificó y dicta a las agencias gubernamentales obtener una orden judicial antes de obtener datos de un tercero, como una compañía telefónica. Pero la DIA indicó, dicha regla no aplica al obtener datos de ciudadanos por intermediarios "porque la agencia no está invocando el poder de la ley". La agencia "no interpreta que la decisión de Carpenter requiere una orden judicial que respalde la compra o el uso de datos disponibles comercialmente con fines de inteligencia", se lee en un comunicado donde la agencia admite la compra de información a terceros.

Con estos procedimientos, el gobierno de Estados Unidos ha podido recolectar información sin violar la ley. Sin embargo, cabe señalar, las compañías desarrolladoras de aplicaciones son las que recolectan información sobre la locación de personas. Por ello, es difícil actuar contra esta práctica si el usuario está aceptando las políticas de privacidad donde se incluye la venta de información a terceros.

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