Canales de denuncia: amplia adopción, pero poca madurez operativa

Ciudad de México, 05-09-2026 |

No represalias, investigaciones e independencia concentran las áreas de mejora

Tener un canal para denunciar conductas indebidas ya es una práctica extendida entre las empresas encuestadas en México y Centroamérica. El desafío aparece después: pocas organizaciones consideran que sus líneas éticas alcanzaron un grado avanzado de desarrollo.

En México, 84% de las empresas participantes manifiesta contar con una línea ética implementada, pero solo 18% califica como avanzado su nivel de desarrollo. En Centroamérica, la distancia es similar: 92% reporta disponer del mecanismo y apenas 17% considera que se encuentra en una etapa avanzada.

Los datos pertenecen al estudio Líneas Éticas en México y Centroamérica 2026, publicado por KPMG México y al que tuvo acceso NotiPress. La investigación fue realizada en julio de 2026 con más de 90 tomadores de decisión, incluidos integrantes de la alta dirección, consejos de administración y accionistas.

La disponibilidad del mecanismo es solo una parte de la ecuación. Entre las áreas identificadas para fortalecerlo se encuentran las políticas de no represalias y los procedimientos formales de investigación, dos elementos relacionados con la confianza de quienes evalúan presentar un reporte y con la respuesta posterior de la organización.

Otro punto es la independencia operativa. Solo 23% de las empresas encuestadas en México utiliza terceros independientes para gestionar sus líneas éticas; en Centroamérica, la proporción es de 22%. Esto significa que menos de una cuarta parte de las organizaciones consultadas recurre a ese esquema.

Demetrio Carrasco, director de líneas éticas de KPMG México y Centroamérica, sostiene que la participación de terceros especializados puede fortalecer la independencia, la objetividad y la credibilidad de estos mecanismos. También puede reducir la percepción de conflictos de interés y mejorar la calidad de las investigaciones.

Por su parte, la disposición de los empleados para reportar incumplimientos graves constituye otro desafío. En México, 75% de las empresas participantes percibe que no es altamente probable que sus colaboradores presenten esos reportes. En Centroamérica, esa percepción corresponde al 55%.

El volumen declarado también es reducido en una parte importante de la muestra. Entre las empresas mexicanas con líneas éticas, 43% recibe de cero a 10 reportes al año. La proporción alcanza 40% entre las organizaciones centroamericanas consultadas.

Así, la brecha, por tanto, no se limita a instalar un canal. El grado de desarrollo también depende de investigaciones formales, políticas de no represalias, condiciones de independencia y confianza para informar. La adopción es amplia; convertir estos mecanismos en sistemas maduros sigue siendo la tarea pendiente.