Hace unas horas entró en vigor laLey General de Responsabilidades Administrativas, parte del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. En este nuevo marco regulatorio, Secretaría de Hacienda y Crédito podría exigir a las compañías que incurran en delitos suspender actividades por hasta 3 años, presentar una indemnización económica, o disolver definitivamente la sociedad.
A pesar que el sistema aún carece de magistrados y un fiscal para administrar las sanciones, ya existe el respaldo jurídico para presentar denuncias contra las empresas por delitos como sobornos a funcionarios, tráfico de influencias, falsear información para el cumplimiento de requisitos, desvío de recursos y colusión con otros negocios para aprovecharse de contrataciones públicas.