México avanza en inteligencia artificial pero carece de políticas sólidas

A pesar de una actitud favorable hacia la IA, el país enfrenta rezagos en marcos regulatorios y coordinación institucional
México figura entre los países con menor percepción de riesgo hacia la inteligencia artificial, pero también entre los más rezagados en su implementación responsable, según reveló un informe internacional. A pesar de que el 14% de las instituciones ha adoptado marcos de gobernanza de datos, la mayoría opera sin una estrategia clara, lo cual limita el desarrollo tecnológico sostenible.
El estudio Reimagining the future of public sector productivity, elaborado por la consultora Impact Economist y patrocinado por SAS, señala que ese mismo 14% de adopción representa también a las organizaciones que aplican IA con mayor riesgo que el promedio global, al carecer de estructuras regulatorias adecuadas. Esta dualidad —alta disposición, baja preparación— plantea retos importantes en la transición hacia un uso efectivo y ético de la tecnología.
Entre los principales obstáculos se encuentran la falta de inversión pública y privada, la ausencia de normativas específicas y la escasez de talento digital. Estos factores dificultan que México traduzca su actitud favorable hacia la inteligencia artificial en un entorno institucional sólido, indicaron especialistas en política tecnológica.
Actualmente, el uso de IA en México se limita a proyectos piloto o iniciativas no integradas. No existen planes generales que garanticen transparencia, rendición de cuentas ni protección de datos personales. Esta falta de coordinación intersectorial incrementa la exposición a riesgos algorítmicos, como sesgos automatizados o decisiones opacas, especialmente en áreas críticas como salud, seguridad y servicios públicos.
La gobernanza de datos —entendida como el conjunto de mecanismos que regulan el ciclo de vida de los datos utilizados por sistemas automatizados— es clave para un desarrollo ético de la inteligencia artificial. Mientras que países como Canadá, Francia o Corea del Sur ya incorporan estos marcos en leyes sectoriales, en México los esfuerzos aún se limitan a protocolos internos sin obligatoriedad jurídica.
Aunque el país ha superado barreras culturales respecto a la tecnología, la ausencia de políticas integrales genera un entorno inestable para su implementación. El desafío no está en convencer a la población, sino en transformar la apertura tecnológica en políticas institucionales sostenibles, con un enfoque centrado en el interés público.
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