Falta de transparencia limita respuesta del sector público en México ante ciberataque

Aunque empresas reportan alto nivel de amenazas digitales, no hay datos sobre la preparación de instituciones gubernamentales

La creciente ola de amenazas digitales en México ha encendido las alertas sobre la preparación del sector público frente a ciberataques. Mientras el 91% de las empresas privadas reportó intentos de infiltración en sus redes, no existe información pública que permita evaluar el nivel de protección de las instituciones gubernamentales.

Según el informe IT Security Economics 2025, elaborado por Kaspersky y compartido con NotiPress, las compañías mexicanas han enfrentado múltiples vectores de ataque, incluidos mensajes de phishing, campañas de ransomware y ataques de denegación de servicio (DDoS). Además, 64% de las empresas encuestadas informó intentos de ejecución de código malicioso dentro de sus redes.

El documento, sin embargo, omite referencias al sector público mexicano y no ofrece indicadores sobre su exposición ni capacidades de defensa ante incidentes de este tipo. Para especialistas en ciberseguridad, esta falta de datos representa un riesgo estructural. Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina de Kaspersky, afirmó: "El problema no es solo tecnológico, sino de gobernanza".

Assolini subrayó que la sofisticación de los ataques actuales requiere una estrategia coordinada entre actores públicos y privados. No obstante, en México no se dispone de informes consolidados, actualizados ni accesibles sobre el estado de la ciberseguridad en las dependencias gubernamentales, ni sobre sus protocolos de respuesta.

Aunque algunas entidades han promovido mejoras internas, no se ha informado oficialmente sobre incidentes recientes ni se conocen los tiempos de recuperación tras filtraciones. Esta opacidad contrasta con modelos aplicados en otros países, donde se publican reportes estatales y operan unidades especializadas en gestión de riesgos digitales.

Las recomendaciones de expertos incluyen auditorías periódicas, adopción de estándares internacionales y sistemas de detección temprana. Sin embargo, la carencia de una política clara de evaluación y divulgación pública continúa limitando la resiliencia digital de las instituciones mexicanas frente al cibercrimen en aumento.

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